7 de diciembre de 2018
“La resolución es franca y groseramente inconstitucional”
El constitucionalista Eduardo Barcesat dialogó con Tren Urbano y expuso los argumentos sobre la insconstitucionalidad de la resolución de Patricia Bullrich que pretende legalizar el gatillo fácil.

El constitucionalista citó el artículo 99, inciso 3° que proclama que “el poder ejecutivo nacional en ningún supuesto, y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir decisiones legislativas”. El artículo prosigue “regulando la excepcional facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia y finalizando el párrafo la Constitución dice taxativamente que hay cuatro materias expresamente vedadas para estos decretosla primera es la materia penal.

“Si ni el presidente puede en situación excepcional emitir un decreto de naturaleza penal, cómo un funcionario inferior, y por una normativa que es también inferior, va a usurpar una potestad que es exclusivamente del Congreso de la Nación”, se pregunta enojado Barcesat.

“Sin entrar en consideraciones de si es bueno o es malo, desde ya que es pésimo, que es un contenido asesinoporque introduce subrepticiamente la pena de muerte, lo que está también expresamente vedado por dos normas de jerarquía constitucional, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Un ministro no tiene bajo ningún supuesto competencia para legislar en materia penal.”

También detalló que “se está cometiendo la violación constitucional del art. 36, que establece el deber de obediencia de supremacía de la Constitución Nacional. Si un órgano inferior, como es en este caso, usurpa una potestad de uno de los poderes que conforma el gobierno federal, la sanción que establece la Constitución es la nulidad absoluta e insanable, y la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos o función pública respecto de quien hubiere cometido este acto usurpativo y su responsabilidad penal y patrimonial. O sea que esto, no solamente amerita ser fulminado de nulidad inconstitucional y perseguido como violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, sino que también apareja la viabilidad del juicio político por mal desempeño y comisión de delito”.



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